En plena escalada de precios inmobiliarios, los beneficios de las promotoras y constructoras repuntan. Sin embargo, los informes sindicales y de prevención muestran un retroceso en inversión en seguridad y salud laboral. La ecuación es tan sencilla como perversa: más márgenes, menos prevención.

“Cada vivienda se paga más cara, pero se construye con menos recursos para proteger a quienes la levantan.”

1. La vivienda se dispara, el riesgo también

Según el INE, los precios de la vivienda en 2025 suben un 12,7 %. En paralelo, el Informe de Siniestralidad Laboral en la Construcción de CCOO revela que los gastos medios de las empresas en seguridad se redujeron cerca de un 20 % desde 2019. En términos prácticos, eso significa menos formación, menos vigilancia de obra y más subcontratación en cadena.

El resultado es demoledor: uno de cada tres fallecidos en accidente laboral pertenece al sector. En 2024 se registraron más de 600 muertes laborales en España, casi diez veces más que los homicidios por violencia de género. Pero las portadas y los minutos de televisión no se reparten igual.

2. La cadena de subcontratas, el punto ciego

El modelo actual delega responsabilidades: el promotor presiona por plazos, la constructora principal ajusta costes, y los pequeños contratistas —sin músculo ni técnicos propios— absorben el riesgo. Así desaparecen coordinadores de seguridad, se firman planes de prevención genéricos y se improvisa en obra.

Los inspectores laborales no dan abasto y los técnicos, cuando existen, trabajan más para cubrir expediente que para prevenir accidentes reales.

3. Seguridad no es gasto, es ingeniería humana

Invertir en seguridad no encarece la vivienda: reduce la siniestralidad, mejora la calidad y protege al trabajador. Sin embargo, en un país donde el debate mediático se desvía hacia otros temas, la muerte en el tajo se ha normalizado. Ninguna burbuja inmobiliaria justifica una vida menos.

“El riesgo no se amortiza, se paga con sangre.”

4. Lo que debería cambiar

• Reforzar la figura del coordinador de seguridad y salud como técnico independiente con autoridad real.
• Limitar las cadenas de subcontratación y exigir medios propios a las empresas.
• Incluir la inversión en seguridad como indicador obligatorio en licitaciones públicas.
• Dar visibilidad mediática a los accidentes laborales, al mismo nivel que otras violencias estructurales.